La reciente remoción de las estatuas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara en la colonia Tabacalera, en Ciudad de México, desató una fuerte polémica que rápidamente escaló a nivel político y social. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ordenó el retiro de las esculturas argumentando que fueron colocadas sin el debido proceso legal y sin autorización formal por parte del comité encargado de regular monumentos en espacios públicos. Según la alcaldía, las figuras carecían de documentación oficial y se encontraban bajo resguardo irregular.
La acción generó una ola de reacciones en redes sociales, donde se enfrentaron visiones encontradas: por un lado, quienes celebraron la decisión como un acto de rechazo a figuras históricas que consideran autoritarias; por otro, quienes la calificaron como un acto de censura ideológica y una afrenta a los lazos históricos entre México y Cuba. Diversos colectivos y simpatizantes de la causa cubana denunciaron que el retiro pretendía borrar la memoria de personajes clave en los procesos revolucionarios de América Latina.
Desde el gobierno de la Ciudad de México se cuestionó la legalidad de la remoción, señalando que las estatuas sí contaban con permisos formales y que la alcaldía no tenía facultades para retirarlas de manera unilateral. Se advirtió que podría haber consecuencias administrativas por esta acción y se abrió la posibilidad de restituir las esculturas en su lugar original o de reubicarlas en otro espacio público.
La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció sobre el tema y propuso que las estatuas sean reubicadas, reconociendo el valor simbólico del monumento más allá de las simpatías o rechazos ideológicos. Destacó que estos elementos representan un vínculo histórico entre dos países, y que deben ser abordados con respeto y sensatez, especialmente en un contexto donde el debate sobre memoria, justicia y espacio público está cada vez más presente.
